Abuso de la figura societaria – reevaluación de los casos de acumulación de baldíos en la altillanura a la luz de la ley Zidres

La naturaleza propia de los proyectos agroindustriales obliga que estos solamente puedan desarrollarse sobre inmensas extensiones de terreno que rara vez comprenderán un solo predio. Las más de las veces, estas actividades requieren un conjunto de varios inmuebles (vecinos o colindantes los unos de los otros) para garantizar el éxito y sostenibilidad de la producción. La Ley 160 de 1994 contiene una debatida restricción que, palabras más palabras menos, impide la adquisición de terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si el cúmulo de los mismos excede determinados topes de la Unidad Agrícola Familiar (UAF). La empresa agroindustrial encuentra así una fuerte limitación para poder explayarse sobre los amplios terrenos que son requeridos para maximizar su eficiencia. Este escrito pretende reflexionar sobre los casos de acumulación de baldíos en la altillanura colombiana salidos a la luz a mediados de 2013, y replantear cuál sería la conclusión a la que debería llegarse al analizar dicha problemática a la luz de nueva Ley 1776 de 2016. Para este fin apuntaremos y comentaremos (i) breves notas sobre el agro colombiano y su impacto comercial, (ii) la Ley 160 de 1994, (iii) los casos de acumulación de baldíos y el presunto abuso de la figura societaria utilizado para evitar la restricción del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, (iv) la Ley 1776 de 2016 y su impacto sobre los casos anteriormente estudiados, y (v) unas reflexiones finales al respecto.Agribusiness projects require large land extensions that very rarely comprise only one property. Most of the times, these activities are performed over several properties in order to guarantee economic success and sustainable production. Law 160 of 1994 established a quite debated restriction which, in other words, prevents any individual from acquiring properties (i) that were previously granted as vacant lots, and (ii) whose accumulation exceeds the limits set forth by the applicable Unidad Agrícola Familiar (UAF). This is a severe limitation that prevents large scale agribusiness projects from properly expanding their true productive potential. This document intends to explore the recent cases of vacant lot accumulation in the Colombian altillanura which came to light in mid-2013 and re-evaluate those situations based on the recent Law 1776 of 2016. To this ends, this documents will analyze (i) the commercial impact of Colombian agriculture, (ii) Law 160 of 1994, (iii) the alleged deputization and abuse of law pertaining land accumulation through complex corporate structures, (iv) Law 1776 of 2016, and (v) final conclusions on the matter.Especialista en Derecho ComercialEspecializació

El incumplimiento del deber de control de legalidad del notario frente al despojo jurídico de tierras en zonas de violencia generalizada y su relevancia penal

173 páginasThe legal issue at hand was to determine whether a certain action of a notary public constitutes a crime under criminal law. Specifically, this is the action of a notary public that fails to control the legality of transactions by notarizing public deeds that transfer pieces of real property located in areas of generalized violence under land assignment programs; and who does so failing to comply with the requirements set in the law for the assignment of land and the laws that prevent forced displacement. To this end, we reviewed in detail the legislation and court precedents that relate to notarial activity in Colombia. We identified the laws and the regulations that govern the assignment of land under agrarian reform policies, the measures set to protect people displaced by violence and the notions and types of forced dispossession and abandonment of land. To determine whether or not this action constitutes a crime under criminal law, we addressed in the first place the theory of the legal good; we clarified precisely what are the effects caused by the forced dispossession of land and what are the alternative means of control established by private law and Law 1448 of 2011; and we analyzed this specific action of a notary public under the pertinent crime classifications, placing an emphasis on the protected interests and the issues that these entail.El problema jurídico consistió en determinar sí la conducta del notario que incumple el deber de ejercer control de legalidad al autorizar escrituras públicas que transfieren predios adjudicados en programas de dotación de tierras, ubicados en zonas de violencia generalizada, con inobservancia de los requisitos de los regímenes de adjudicación y de las disposiciones que previenen el desplazamiento forzado, comporta relevancia penal. Para tal efecto, se abordó el marco normativo y jurisprudencial de la actividad notarial en Colombia; se identificaron los regímenes legales de la propiedad adjudicada en políticas de reforma agraria, las medidas que protegen los desplazados por la violencia y los conceptos y modalidades del despojo y abandono forzado de tierras. Para determinar la relevancia penal del comportamiento se abordó la teoría del bien jurídico y se precisaron las afectaciones que produce el despojo de tierras, las alternativas de control establecidas en el derecho privado y la Ley 1448 de 2011 y se analizó la conducta del notario en los tipos penales pertinentes haciendo énfasis en los intereses protegidos y los problemas que comportan. Finalmente se propuso la creación de un nuevo tipo penal denominado “Despojo jurídico de tierras” que atente contra el orden económico social.Magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho ProcesalMaestrí

El juez de restitución de tierras: alcances y límites

¿Los mecanismos judiciales creados en el marco de la justicia transicional para la defensa de los solicitantes de restitución de tierras en Colombia, resultan vulneratorios de sus derechos fundamentales en la práctica, producto del inadecuado manejo de la norma interna e internacional que aplican los funcionarios judiciales especializados

Estado crítico de la propiedad rural colectiva en Colombia

La Constitución Política de Colombia, consagra en su artículo 58 la garantía a la propiedad privada, y le endosa a esta una función social y al Estado el deber de propender por la protección y promoción de posesiones de tierra bajo formas asociativas y solidarias. En este contexto constitucional y en el de la globalización de la economía y de las teorías del desarrollo, se propone este trabajo determinar si el Estado colombiano, mediante las normas actuales y las políticas públicas vigentes, puede garantizar la pequeña propiedad rural y la supervivencia de las comunidades étnicas. Para ello se partirá de algunas teorías acerca de la formalización de la propiedad, como la de Daniel Fitzpatrick, a fin de analizar si dichas teorías son de recibo en materia de propiedad comunitaria de la tierra. Como resultado del anterior análisis se obtiene la interpretación de la normatividad, doctrina y jurisprudencia sobre la propiedad colectiva de la tierra, donde se demuestra la inexistencia de garantías jurídicas suficientes para estos grupos, para quienes la propiedad está asociada con sus condiciones básicas de existencia, cosmogonía y cosmovisión y por tanto, es derecho fundamental para una vida digna de sus individuos. Igualmente se pudo concluir que las políticas públicas y la normatividad, más que ser una respuesta a las necesidades de los pequeños propietarios de la tierra en el país, obedece a políticas supranacionales con fines netamente extractivistas y mercantilistas, las cuales han migrado de las teorías clásicas del derecho de propiedad, hacia las que podríamos denominar como de “nuda propiedad” .The Colombian Constitution, 58 article, guarantee private property and gives a social function and have duty to foster protection of landholdings under associational and collective forms. In this constitutional context and around the globalization theories and development politics, the objective of this work is to determine whether the Colombian state by the current rules and public politics, can guarantee, the small collective rural property and the survival of ethnic communities. For this objective, will be discussed about property theories as the theories of Daniel Fitzpatrick, to analyze whether these theories are applicable for community land ownership. As a result it obtains the interpretation of law, doctrine and jurisprudential on collective ownership of lands. The absence of legal guarantees is demonstrated in these groups where the property is associated with basic living conditions, cosmogony and cosmology regulations and therefore is a fundamental right to a dignified life of individuals. It could be conclued that public policies and regulations do not respond to the needs of smallholders, but it could respond to supranational policies that migrated from the classical theories of property rights to the “bare ownership”.Universidad del Rosari

Diagnóstico sobre los instrumentos jurídicos para la implementación de la función social de la propiedad rural en Colombia: una aproximación histórica

Este trabajo es una primera aproximación al estudio de la relación entre reformas agrarias y legislación tributaria sobre la propiedad rural. Para tal efecto, el trabajo estará dividido en tres partes, cada una de las cuales hará referencia a los hitos legislativos en materia de propiedad agraria: la ley 200 de 1936, la ley 135 de 1961 y la ley 160 de 1994. En cada una de las etapas se estudiará el contexto en el cual se desarrollo cada reforma, las modificaciones, las principales propuestas, la legislación tributaria vigente en cada momento, y el análisis de la política tributaria en el sector rural.Abogado (a)Pregrad

El derecho a la tierra, al territorio y a la restitución de tierras. Conflictos de tierras, conflicto armado y derechos humanos en Santander, Colombia.

Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y PolíticasLínea de Investigación: Derechos Humanos y DesarrolloClave Programa: DJPCódigo Línea: 50El problema de la tierra en Colombia, es una expresión más de la conflictividad socio política que el país sufre desde hace décadas. El despojo de tierras en el conflicto armado es un tipo de conflictividad sobre la tierra, en el elenco de nuevas y viejas prácticas de apropiación violenta de la propiedad que el Estado debe enfrentar y prevenir en el postconflicto. En la presente investigación, se evalúan estas prácticas, los reclamos de colectivos sociales por el derecho a la tierra, así como los problemas y las dificultades de la justicia especializada de restitución de tierras en el caso concreto del Departamento de Santander. Igualmente se proponen recomendaciones para enfrentar dicho problema y mejorar la efectiva reparación integral de las víctimas del conflicto armado a través del derecho a la restitución.Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Centro de Estudios de PosgradoPostprin

La prescripción adquisitiva

Los acuerdos firmados por el gobierno con las FARC-EP, movimiento insurgente que ha tenido como una de sus banderas de lucha la reivindicación campesina en materia de tierras, ha puesto el principal énfasis en el campo. Como simples académicos de la juridicidad colombiana, pensamos que la negativa plebiscitaria solo ha sido un traspié transitorio que podrá ser enderezado, y que –esa es nuestra esperanza–, Colombia se alista a pasar la página de la infame guerra interna que durante los últimos cincuenta años ha asolado nuestros campos y ciudades. Es esta una guerra que, además, ha venido suscitando numerosos conflictos de orden jurídico relacionados con el dominio de bienes inmuebles, motivo por el cual, en el caso de que finalmente prospere la paz, deberán ser tratados y resueltos en el posconflicto, dentro de una macropolítica para su formalización, que deberá brindar los espacios jurídicos adecuados para incrementar la riqueza de vastos sectores poblacionales, pues la realidad es que la propiedad, como medio primario generador de riqueza, deberá representar entre 50% y 60% del patrimonio de las familias para asegurar su prosperidad o al menos su estabilidad económica. Así, la búsqueda de un proceso judicial, que brinde trámite expedito para declarar la pertenencia y sanear títulos con falsa tradición, deber tener firmes efectos positivos colaterales en la reducción de la pobreza. Confiamos, entonces, en que bajo el esquema del nuevo procedimiento oral que acoge el C.G.P. se logre este sentido propósito nacional. De otro lado, en cuanto a los predios rurales, la certeza de titularidad de su dominio resulta ser piedra angular para el desarrollo del sector agropecuario, pues ello apareja sustanciales mejoras en la calidad de vida de los campesinos, puesto que, al incrementarse su patrimonio, tendrán mayores posibilidades de acceder a créditos para financiar inversiones a largo plazo. Todo ello resulta imprescindible si se quiere promover efectivos proyectos productivos y se pretende su verdadera ejecución; con ello, sin duda, se logrará una mayor y más eficiente explotación agrícola, como también la implementación y desarrollo de los necesarios planes y programas de sustitución de cultivos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, esto es, pensando en el marco de una Colombia del posconflicto, hoy la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá se complace en entregar a la comunidad jurídica la presente obra, en donde se recoge el pensamiento y posición jurídica de los docentes del área de Derecho Procesal. El libro que se titula La prescripción adquisitiva consta de siete capítulos, cuya autoría corresponde a sendos docentes del área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho, y en cada uno de ellos se abordan diferentes temáticas relacionas con el proceso de pertenencia. En el primer capítulo, denominado “Introducción al proceso de declaración de pertenencia”, cuyo autor es el Dr. León José Jaramillo Zuleta, se desarrolla el concepto de los derechos reales, sus características, la posibilidad de ser adquiridos a través del proceso de pertenencia y los efectos de dicha declaración; además, se profundiza sobre el alcance social del derecho de propiedad, la función social de la declaración de pertenencia, la declaración de pertenencia vía de acción y de excepción, oponiéndose el autor a esta última forma procesal, considerando que el poseedor demandado en el proceso, por ejemplo, el reivindicatorio, deberá necesariamente hacer uso de la demanda de reconvención para ser declarado propietario del bien por prescripción adquisitiva. El autor igualmente diserta y enfatiza acerca de la necesidad de unificar el proceso de pertenencia, y siguiendo esta línea de pensamiento, toma partido por la derogatoria tácita de la Ley 1561 de 2012, aunque deja a salvo la vigencia de las normas sustanciales de dicha ley, dentro de las cuales incluye las normas sustanciales de la prescripción adquisitiva de las viviendas de interés social contenidas en la Ley 9 de 1989 y las referidas a los predios agrarios. Por último, en dicho trabajo se señala de manera muy precisa cuáles son los bienes que pueden ser objeto de prescripción, quedando absolutamente claro, según su punto de vista, que apoya en referencias históricas, que quedan excluidos los que pertenecen a entidades de derecho público. En el segundo capítulo, denominado “Aspectos sustanciales de la prescripción adquisitiva”, cuyo autor es el suscrito, como indica el título del capítulo, se desarrollan los aspectos sustanciales que regulan este modo particular de adquisición de derechos reales respecto de cosas ajenas, como lo es la prescripción adquisitiva; en él se precisa que los derechos reales, salvo excepciones, son objeto de prescripción adquisitiva respecto de bienes muebles o inmuebles; se indica cuáles son los requisitos para la prosperidad de la pretensión de pertenencia; se hace un estudio acerca de la agregación de posesiones, la interversión del título, la posesión regular y la irregular, la suspensión, interrupción y renuncia de la prescripción adquisitiva, el enfrentamiento legal entre la prescripción adquisitiva y la pretensión de reivindicación, y por último, se hace un estudio de la más importantes reformas al derecho sustancial, en las leyes 9 de 1989, 791 de 2002, 1183 de 2008, 1561 de 2012 y 1564 de 2012

Derecho civil bienes derechos reales

1703 páginas incluye ilustraciones y diagramasTodas las personas, requieren de un patrimonio, que constituye una universalidad integrada por bienes, derechos, acciones y obligaciones, activos y pasivos que llegan a conformar la prenda general frente a los acreedores. Los bienes constituyen el principal elemento integrador del concepto patrimonial y de allí la importancia de su estudio, dentro del marco formador del jurisperito. El estudio de los modos de adquirir, de las desmembraciones a la propiedad, el régimen de las servidumbres, la teoría general de la posesión, el estudio de la figura de la reivindicación, al igual que la acción de dominio y la publicana, realzan la importancia de esta cátedra como base fundamental para el estudio de las obligaciones y de los contratos civiles y comerciale

Derecho transicional de tierras

240 páginasEste ensayo plantea un interrogante con respecto al contenido y alcance del derecho de tierras y la función que cumple en la sociedad. El Estado social de derecho contiene un sistema constitucional que configura su función. La intervención estatal tiene su fuente en un derecho social: la distribución equitativa de tierras en solidaridad con campesinos que carecen de ellas para su trabajo. La intervención del Estado en el territorio tiene en cuenta una planeación participativa que considera las variables social, ambiental, económica y cultural del campo colombiano. En tiempo de construcción de paz el derecho de tierras está guiado por los principios de la justicia transicional y, por ende, tiene un enfoque de reparación que atiende las causas del conflicto armado y su impacto en el despojo de tierras, el cual se ilustra con el desarrollo del cultivo de la palma de aceite en la región del Urabá, y su vínculo con los grupos paramilitares, factores que el derecho de tierras debe atender para garantizar la no repetición de los hechos de violencia en el campo. De no corregir dicho contexto de conflicto, los riesgos de ineficacia se reproducirán en los territorios afectados, y Colombia de nuevo aplazaría la atención de un fenómeno que está en la génesis del conflicto armado. El ensayo recoge las previsiones del Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural Integral incorporado en la Constitución, y que marca una obligación del Estado en la justicia transicional para los próximos veinte años. Al final del texto se plantea una propuesta de reparación colectiva y simbólica, y unas conclusiones y recomendaciones.This essay talks about the content and scope of land law, and its function in society. The social State of law contains a constitutional system that configures its function. The intervention has its source in social law: the equal distribution of land in solidarity with peasants who lack it for their work. The State’s intervention in the territory takes a planning into account in which the social, environmental, economic and cultural variables are considered. The essay sets that land law, during the construction of peace, is guided by the principles of transitional justice; therefore, it has an approach focused on reparation that attends the causes of the armed conflict and its impact on the dispossession of land, which is illustrated by the development of the oil palm in Urabá and its link to paramilitary groups. These are factors that land law must attend to guarantee the non-repetition of violent acts in the country region. If this context of conflict is not corrected, the risks of inefficiency would reproduce in the affected territories, and Colombia would once again will postpone its attention to a phenomenon that has been present since the genesis of armed conflict. The essay gathers the previsions of the Peace Agreement on the Rural, Integral Reform, which was incorporated in the Constitution and marks an obligation of the State in transitional justice for the next 20 years. In the final part, some conclusions and recommendations are presented

La Tierra en Disputa: Memorias del Despojo y Resistencia Campesina en la Costa Caribe: 1960-2010

En este libro se presentan las múltiples memorias sobre la tierra y el territorio, las luchas para ejercer los derechos sobre ellos, las intervenciones institucionales y los traumáticos procesos de su pérdida. Las memorias se recogieron en una de las regiones donde el despojo de tierras ha sido más protuberante durante las últimas décadas: los departamentos de Córdoba y de Sucre, y aquellos municipios del departamento de Bolívar que pertenecen a la subregión de los Montes de María. La multiplicidad de la memoria no resulta del azar, pues obedece a un orden en el universo de las experiencias: el protagonista por excelencia de una memoria sobre tierras, despojos y resistencias, es el campesinado, hombres y mujeres cuya identidad está – o estaba- anclada en su relación con la tierra. Algunos de ellos y ellas pertenecen a los pocos pueblos indígenas que todavía habitan la región: Emberá en el sur de Córdoba, y Zenúes en el resguardo de San Andrés de Sotavento. Parte del campesinado ha dejado de tener esa condición, pues al huir de sus tierras a causa de la violencia, ahora engrosan las filas de la población desplazada en las ciudades de la región. Por ello hombres desplazados, y sobre todo mujeres desplazadas se constituyen en otros actores en la construcción de esta memoria colectiva, en la cual la diferencia ocupa un lugar principal, pues no se pretende que ésta sea homogénea, sino al contrario, que abarque múltiples miradas, experiencias vividas, aspectos silenciados u olvidados